La actual crisis de salud pública causada por la COVID-19 afecta desproporcionadamente a las personas y comunidades que ya están en situaciones vulnerables y marginadas. Alrededor del mundo, las personas migrantes pueden ser particularmente vulnerables al estigma y la discriminación y pueden resultar excluidas en las leyes, políticas y práctica del acceso a derechos, incluso en el contexto de salud pública y respuesta al COVID-19.
Todas las personas, incluidas las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio, deben ser tomadas en cuenta como parte integral de cualquier repuesta efectiva de salud pública y recuperación al COVID-19. Incluir a las personas migrantes en la respuesta a esta crisis es la única forma efectiva de proteger, no sólo los derechos de las personas migrantes, sino también de evitar alimentar la xenofobia y poner en peligro la salud de la sociedad en su conjunto.
Los Estados deben adoptar medidas específicas que respondan a la edad, género, discapacidad y otros factores, en aras a apoyar a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, quienes están en riesgo de ser afectados por la crisis de forma desproporcional.
