Las autoridades hondureñas han persistido en la violación de los derechos humanos de las personas detenidas en las protestas poselectorales del año pasado, negándoles su derecho al debido proceso y recluyéndolas en condiciones inhumanas, afirmó Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.
El informe Prohibido protestar: Uso de la fuerza y detenciones arbitrarias como estrategias para reprimir la disidencia en Honduras documenta cómo las autoridades utilizaron una fuerza excesiva y la detención prolongada en espera de juicio, entre otras medidas, para sofocar la ola de manifestaciones que siguió a las elecciones del 26 de noviembre de 2017 y desalentar nuevos cuestionamientos.